Por Roberto Blancarte
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El problema con el gobernador de Jalisco no es su lenguaje florido. Ni siquiera que acuda a un acto público en evidente estado de ebriedad; lo grave es la actitud del jefe del Ejecutivo de un estado, que abiertamente infringe la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes del país y gobierna para unos cuantos. Lo demás, según sus palabras, “le vale madre”. Los demás, de acuerdo con su visión, podemos “chingar a nuestra madre”. De la misma manera que lo hizo el cardenal Norberto Rivera en la Navidad pasada, lo único que hace el gobernador es darnos licencia para que a su vez le faltemos el respeto. De ahora en adelante podremos insultarlo en público y difícilmente se podrá enojar o indignarse. Pero eso no es lo grave.

Yo no me escandalizo por sus palabras. Francamente, como señala el dicho, “las mentadas de madre son como las llamadas a misa: va el que quiere”. Tampoco me preocupa demasiado que el tipo llegue pasado de copas a un banquete, perdiendo el estilo y la dignidad que le corresponde a un funcionario de su talla. Pero que un gobernador de un estado tan importante como Jalisco abiertamente viole el principio de separación entre el Estado y las Iglesias y que ignore la importancia del Estado laico como fórmula de convivencia social y política, me parece preocupante. Si todos los funcionarios del país hicieran lo mismo que él, se instalaría el caos generalizado y los derechos de todos, pero en particular de las minorías, estarían en riesgo. Si al encargado de poner el orden “le vale madre” lo que digan sus opositores y gobierna de acuerdo con sus instintos, quiere decir que está gobernando para una supuesta mayoría y que la ley y los derechos de la minoría no existen. Es el principio del caos. Se pone del mismo lado que Hitler, quien llegó al poder por las urnas y luego ignoró los derechos de las minorías. Piensa que los electores le otorgaron una especie de licencia para matar y que, una vez instalado en el poder, puede hacer lo que se le venga en gana. Cree que el poder otorgado es para abusar del mismo.Hace poco más de un año, algunos amigos de Guadalajara me mostraron las fotos de un periódico local, en las cuales estaba el recién electo gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, jugando golf con el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de esa provincia. Jugar golf no es un delito, pero el espectáculo anunciaba una connivencia peligrosa: la del poder político y el eclesiástico, que siempre es inquietante pues históricamente ha terminado por afectar los derechos de los ciudadanos. La noción de separación no se inventó nada más porque sí. Se generó para salvaguardar muchas libertades, comenzando por la libertad religiosa. Si el poder político y el de una Iglesia, por más mayoritaria que sea, se unen, terminan afectando los derechos de las minorías, pues de esa manera el gobierno tiende a imponer mediante políticas públicas la visión y doctrina de la institución religiosa.

El problema no es que se ataque al Estado laico, sino a lo que éste defiende y significa: el respeto a la libertad de conciencia, la autonomía de lo político frente a lo religioso y la igualdad de todos los ciudadanos (y sus agrupaciones religiosas) ante la ley. Cuando hay un gobernador que no se atiene a la Constitución y a las leyes, se violan estos principios en detrimento de las libertades de todos. El gobernador no está respetando la libertad de conciencia porque con el dinero de los impuestos de todos los ciudadanos está apoyando la construcción de templos de una Iglesia, lo cual es una violación flagrante al Estado laico y a la conciencia de cada uno de los ciudadanos que no necesariamente quiere apoyar económicamente a una determinada institución eclesiástica. Quebranta la autonomía del Estado frente a las instituciones religiosas, lo cual pone en riesgo las libertades de todos aquellos, incluidos los católicos y católicas, que no necesariamente comparten la perspectiva doctrinal de su jerarquía. Lo anterior anuncia, además, que los derechos de las minorías no serán respetados, ni los de las minorías religiosas, no las minorías en cuanto a preferencia sexual o de cualquier otro tipo. El gobernador pretende gobernar para los católicos, blancos, heterosexuales. Los demás no tienen derechos, o no tienen los mismos que los otros, según esa visión. Además, en un Estado democrático, mientras que los ciudadanos pueden hacer todo lo que las leyes no prohíban, por el contrario, un funcionario público sólo puede hacer lo que las leyes le permiten. El gobernador de Jalisco por lo visto no conoce este principio y, al usar un dinero para apoyar la construcción de templos o para apoyar las actividades de una Iglesia en particular, se está extralimitando en sus funciones.

Emilio González, después de pasar por el Partido Demócrata Mexicano, heredero del sinarquismo, llegó al PAN con el cual ganó las elecciones estatales y tomó el poder en marzo de 2007. En sus ya tristemente célebres palabras dijo que él tenía “poco de gobernador”. Quiso decir seguramente que tenía poco tiempo de haber asumido la gubernatura. Pero probablemente, sin querer, dijo la verdad: tiene poco de gobernador y vamos a ver si los jalisciences o los mexicanos lo aguantan hasta febrero de 2013.